Por: Colectivo Dek Unu
Somos todos iguales ante la ley.
¿Ante qué ley? ¿Ante la ley divina?
Ante la ley terrena, la igualdad se desiguala todo el tiempo y en todas partes,
porque el poder tiene la costumbre de sentarse
encima de uno de los platillos de la balanza de la justicia.
“Patas arriba. La escuela del mundo al revés” (Eduardo Galeano)
Se ha escenificado un acto más de una sórdida representación. Una representación que comenzó minutos después del estallido de varias bombas en Madrid el 11 de marzo de 2004 y que aún no ha finalizado. Los intentos del Estado por construir y ofrecer una explicación verosímil –versión que achaca la autoría a personas que pensamos que no tuvieron ninguna relación con la masacre- han culminado en la “sentencia” hecha pública el pasado 31 de octubre por la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española. Lo que veníamos indicando parece ratificarse, y ahora podemos decir que cualquier análisis debería conducir a un mismo punto: las conclusiones del “tribunal” no reúnen unas condiciones mínimamente válidas y racionales para explicar los hechos juzgados.
Tal como esperábamos –y así lo anunciamos en un documento anterior- los miembros del “tribunal” han seguido la estela marcada por otros aparatos del Estado y han condenado a buena parte de los procesados. Para ello han contado con la inestimable y entusiasta colaboración de la práctica totalidad del entramado político y mediático español, cuyas contradicciones internas se han manifestado a lo largo de estos años en divergencias que no hacían cuestionar lo más importante: que estábamos ante una gran operación de encubrimiento que se puso en marcha el mismo día 11. Es necesario repetir que la participación de sectores vinculados al PP en el falso debate que se creó tras el 14 de marzo sólo ha provocado distorsión. Una distorsión generadora de hastío y que ha hecho que muchas personas eviten entrar a considerar cualquier aspecto de este caso. Para nosotr@s las alusiones de unos y otros a ETA y a Al Qaeda han sido cortinas de humo colocadas en un escenario político en el que nadie quiere conocer -o dar a conocer- la verdad.
En ningún instante hemos tenido dudas al respecto: los asesinos del 11-M no han sido ni serán capturados por las “fuerzas de seguridad”. Los familiares de las personas muertas y heridas y las asociaciones que las representan han sido vilmente utilizadas. Además, varias personas murieron en circunstancias no aclaradas y sobre sus cadáveres se construyó una grotesca versión oficial. La lluvia incesante de mentiras ha calado en la sociedad y los dos ejes sobre los que gira el sistema político español, PP y PSOE, sin temor a la quiebra del que llaman “Estado de derecho”, continúan en su búsqueda de réditos electorales. Y la vida, la farsa, continúa.
UNA SENTENCIA CON PIES DE BARRO
Sin embargo, y como era previsible, la acumulación de maniobras y patrañas sólo podía generar una “sentencia” insólita por vaga y contradictoria. Hay que decir que no puede hacerse una valoración rigurosa del caso si nos ceñimos sólo a un documento por otro lado pésimamente escrito, puesto que éste es el último tramo de un recorrido que parte el día de la matanza. De hecho, si nos basamos en ese texto para explicarnos el 11 de marzo de 2004 sólo llegaremos a la conclusión de que no es posible formular una reconstrucción coherente de lo sucedido. La sentencia quiere ser precisa señalando los nombres de las personas que presuntamente participaron en la masacre, a pesar de que la mayoría no fueron interrogadas ni juzgadas. Sin embargo, al mismo tiempo es difusa en otros muchos aspectos: características de los explosivos, planeamiento de la masacre, identificación de la organización ejecutora y de su motivación, etc. En otras palabras: aunque pueda parecer increíble, con la “información” usada para condenar a 21 personas y culpar “post-mortem” a otras no se ha sido capaz de despejar los aspectos claves del caso. Pero los acontecimientos empiezan a cobrar sentido en cuanto dirigimos nuestra mirada al sumario y se modifica en la ecuación una variable que habitualmente se da por supuesta: la de la validez de las “pruebas”.
No estamos hablando únicamente de irregularidades en la cadena de custodia. Hay que ir mucho más allá. Sucede que no estamos ante hechos de delincuencia común, que no existen testigos identificados que acusen directamente de la masacre a los procesados y que todos éstos han condenado los crímenes y defendido con uñas y dientes su inocencia en todo momento –incluso cuando estuvieron incomunicados y a merced de la policía- a pesar de su presunta militancia islamista voluntaria. Curiosamente, nadie ha hablado de un posible arrepentimiento. Alguien debió pensar que muchos se preguntarían por qué personas ajenas por completo al yihadismo, al islamismo e incluso al Islam eran condenadas por cometer una compleja operación supuestamente salafista. Ante este inevitable y desalentador panorama los encubridores tuvieron que adjudicar a los procesados una identidad religiosa y política ajena a ellos y modelaron unas pruebas que debían encajar en la versión oficial que se fabricó al efecto.
Quien acostumbre a confiar en el intachable trabajo de policías e investigadores quizás quiera ver la irrefutable validez empírica de las “pruebas” por más que éstas no sean compatibles con otros elementos del caso. Pero la confianza ciega es muy peligrosa. Si a cualquiera de nosotr@s deciden acusarnos de un delito que no hemos cometido y nos presentan pruebas tales como que “un testigo protegido” nos vio en la zona de los hechos o que tienen “pruebas conjeturables” (sic) nuestra presunción de inocencia quedará demolida y la indefensión será absoluta. En la sentencia se dice que los testigos protegidos “R-10, C-65 y J-70” vieron a Zougam. Pero los supuestos testigos protegidos se limitan a decir que vieron a alguien en los trenes que después identificaron con los rasgos de Zougam. No importa que el aludido y otros declarantes en el juicio lo desmientan una y otra vez: esta es una “prueba” para condenar a una persona a más de 40.000 años de cárcel. Sin comentarios.
Hay quien cree que el sistema judicial español es garantista y que no hay razones que justifiquen semejantes aberraciones, pero nosotros seguimos afirmando que en este caso concreto ha ocurrido lo que pocos querían imaginar. Algo muy grave se vislumbró aquella mañana y ante las explosivas repercusiones que habría generado contar la verdad se decidió imponer la razón de Estado. No olvidemos que se ha tratado de una situación excepcional ante la que las instituciones han reaccionado de forma extraordinaria (lo cual obviamente no quiere decir que el sistema judicial español haya actuado con arbitrariedad sólo esta vez).
Y no se trata de que la sentencia tenga puntos oscuros o que falten sólo los nombres de los “autores intelectuales”. Es cierto que ninguno de los presuntos “autores intelectuales” (un concepto puesto ahora en solfa por quienes no cuestionaron su presencia en el juicio en ningún instante) ha sido condenado por ello. Pero quien crea que sólo falta conocer quién es la X que está en la cúspide de la pirámide comete el gravísimo error de no cuestionar la construcción que los “juzgadores” nos han presentado. La lista de ejemplos es interminable y es imposible incluir todos en un documento que no quiere ser excesivamente largo. Algún botón de muestra sería incluso hilarante si no fuera por la extrema gravedad del caso y por el papel determinante que en este guión cumplen los sucesos de Leganés:
Se habla repetidamente en la sentencia de los “suicidas de Leganés”. Incluso si diésemos por buena la para nosotr@s ridícula versión oficial, ¿en qué se basan los jueces para dar por supuesto que todas y cada una de las personas que se dice que murieron allí decidieron suicidarse? ¿Por qué otorgan validez a un “informe” que de unos cadáveres destrozados concluye que en todos los casos la muerte responde a una “etiología violenta de carácter suicida” (sic)? ¿Qué extraños poderes han operado para detectar el “carácter suicida” de los efectos de un explosivo? Es inquietante saber que a partir de ahora, si alguien adosa un artefacto a una persona para más tarde hacerlo estallar, los jueces sancionarán que la etiología de la muerte ha sido “de carácter suicida”. Y lo mismo ocurrirá si a alguien le explota antes de tiempo un artefacto mientras lo manipula o transporta. Ni siquiera merece la pena hablar de los apaños para afirmar la “compatibilidad” entre el uso de inhibidores de frecuencias y las supuestas “llamadas de despedida de los suicidas”. Y más allá de todo esto, ¿por qué se juzga constantemente en esta sentencia a quienes no han sido procesados ni tienen ya posibilidad alguna de defenderse? ¿No será que con la repetida alusión al “suicidio” se pretendían sortear algunas contradicciones del guión y dar por supuesta la culpabilidad de unos presuntos activistas fanáticos? La sentencia esquiva los aspectos reseñados y acusa a quienes cuestionan los hechos de Leganés de pensar que lo que ocurrió allí fue “obra de una mano desconocida que, como parte de un plan maquiavélico más amplio, ideó y ejecutó los atentados del 11 de marzo”. Lo que nosotr@s decimos ante estas y otras gratuitas afirmaciones es que, como bien saben los “juzgadores”, cuestionar los hechos de Leganés evidentemente no significa acusar de los atentados a quienes prepararon esa operación. Para nosotr@s, por ejemplo, el operativo de Leganés fue simplemente una acción fundamental para vertebrar la maniobra de encubrimiento e imprescindible para abrir el camino al desenlace judicial del caso.
Estamos segur@s de que los “jueces” conocían la insostenibilidad de las indagaciones y pruebas presentadas por las FCSE en el caso del 11-M, aunque en cualquier caso debían ajustarse a ellas a la hora de redactar su veredicto. Sin embargo, queremos llamar la atención sobre un hecho muy llamativo: el Tribunal, consciente de que los problemas derivados del sumario tenían su origen en una investigación completamente irregular, quería evitar que en un futuro se produjeran acusaciones de prevaricación. Así lo manifiestan la especial insistencia de los jueces en subrayar su dependencia del sumario, la alusión en la primera página de los fundamentos jurídicos de la sentencia a que “son también pruebas válidas las indiciarias, indirectas o conjeturables” y el filtro que han aplicado a muchos datos clave que figuraban en él.
Este filtro en ocasiones ha desfigurado en la sentencia las conclusiones del juez instructor. Entre otras muchas cosas, desaparece la identificación de la organización responsable de los atentados. Tanto han intentado curarse en salud que las innumerables detenciones practicadas concluyen en dos únicas condenas por una “autoría” de la que se ha retirado conscientemente el adjetivo de “material” (por cierto, no sé entiende por qué no se han tomado medidas por colaborar con el terrorismo contra todas las personas que testificaron en el juicio y que se involucraron personalmente en las coartadas de los procesados). Además, del texto de la sentencia se deduce una manifiesta voluntad de que las diferentes facciones políticas, parcialmente enfrentadas entre sí, pudieran sentirse tan satisfechas como contrariadas por el veredicto. Y es que en esta ocasión la facción judicial del poder no trataba de tomar partido por uno u otro partido o grupo mediático; su función institucional se centraba en contribuir a afianzar la estabilidad del sistema en su totalidad, aunque eso supusiera burlarse de la justicia.
¿Y ENTONCES QUÉ PASÓ?
Desde el principio hemos manifestado nuestra convicción de que la masacre del 11 de marzo de 2004 no fue perpetrada por ETA ni por ninguna de las personas que han sido detenidas, acusadas y procesadas en los últimos años. También rechazamos las especulaciones de sectores ultraderechistas que apuntan a la participación de supuestos enemigos del gobierno del PP. Tenemos cada vez más razones para pensar así y ni una sola en contra. Los últimos meses han apartado varios elementos más en este sentido.
Hemos podido asistir a un “juicio” que ha recibido una atención mediática sin precedentes, pero aunque no hubiera sido así, el escenario de la vista oral habría servido igualmente como inmejorable altavoz para difundir el mensaje de unos activistas responsables de un acto de enormes dimensiones sociales y políticas. Sin embargo, lo que ha ocurrido es que ninguno de los procesados ha asumido, apoyado, defendido o justificado ni los atentados ni la forma de pensar que apriorísticamente se ha adjudicado a los autores. Es más, su actitud hacia la matanza ha sido siempre de absoluto rechazo (¿estamos ante unos extraños terroristas que deciden pisotear en el juicio el efecto potencial de sus acciones?) Tampoco han señalado a otras personas u organizaciones y no han rechazado la legitimidad del “tribunal”. Intentar justificar esta actitud diciendo que “son islamistas y por tanto actúan de una forma a la que no estamos acostumbrados” sólo produce vergüenza ajena. Que decenas de personas que apenas se conocen entre sí (de hecho, la sentencia no ha podido demostrar la conexión entre todas ellas) actúen como lo haría cualquier inocente no quiere decir que lo sean necesariamente, pero además de lo dicho no debemos olvidar dos cosas: a) la presunción de inocencia, derecho que en esta ocasión ha sido vulnerado desde el principio no por medio de “pruebas” sino a través de alusiones a la procedencia, personalidad o supuestas convicciones religiosas de los procesados, y b) que el delito que se juzga no es el robo de una cartera por parte de un ratero que al ser atrapado niega su responsabilidad, sino impresionantes masacres coordinadas -una por cada bomba que estalló y produjo víctimas- que supuestamente tuvieron importantes motivaciones políticas y/o religiosas que han brillado por su ausencia a lo largo de todo el proceso.
Quien haya seguido de cerca todo lo relativo a estos atentados sabe que las personas condenadas no sólo no pueden catalogarse como militantes islamistas, sino que ni siquiera practican el Islam. La “célula islamista yihadista” sólo existe en los folios de la “sentencia”. Pero también rechazamos con contundencia la afirmación de que los atentados fueran obra de quienes se dice que murieron en Leganés (de quienes podemos decir lo mismo que de los procesados) o de verdaderos “islamistas radicales” que ocultan su identidad.
El trabajo de encontrar a los culpables no nos atañe puesto que ese debería ser el cometido de las FCSE y de los jueces. Sin embargo, aunque lo que estamos denunciando debería ser suficiente para abrir otra línea de investigación, no nos hemos conformado con ello. La razón es que hay personas que, aun aceptando las contradicciones del caso, creen que al menos parte de los procesados han sido de responsables de alguna manera. El argumento que más se estila es: “algo habrán tenido que ver, porque si no, ¿quién pudo ser?” Creemos que no es necesario insistir en la puerilidad de tal razonamiento, que en este caso hunde sus raíces en el fango del racismo, el clasismo y la islamofobia. No nos cansaremos de repetir que todo apunta a que estas personas fueron elegidas como chivos expiatorios porque los manipuladores pensaban –en algunos casos por haberlos usado como confidentes- que tenían un perfil idóneo para que la ciudadanía los percibiera como personajes no deseables y merecedores de desconfianza: escasos recursos económicos, procedencia en muchos casos de países árabes (la sentencia llega a usar el concepto científicamente absurdo de ‘raza árabe’), escaso arraigo en la sociedad de acogida (incluso en la comunidad musulmana), algunos antecedentes penales por delitos comunes, relación con la mina elegida como falso origen de los explosivos… En definitiva, seres que comparten pocas características con la clase media española; tan pocas que se les podía denigrar sin piedad y acusarles de haber perpetrado cualquier felonía incluso aunque ésta careciera de sentido. La situación llegó a un punto que considerábamos vergonzante y ridículo: la presunción de inocencia de los procesados estaba siendo condicionada por la ausencia de una hipótesis alternativa. Con todo, decidimos superar también esa trampa y difundimos una versión de lo que pudo haber pasado que hoy seguimos sosteniendo con tanta firmeza como el primer día.
Desde el primer momento, y al igual que han hecho otros colectivos y personas, hemos identificado la masacre como un operativo ejecutado por servicios especiales y vinculado directa o indirectamente al ejercicio antiterrorista de la OTAN identificado como “CMX 2004”, realizado en Madrid y en otras capitales entre el 3 y el 10 de marzo de aquel año. La operación habría tenido como principal objetivo recrear una fantasmagórica “amenaza islamista” sobre Europa y reforzar la estrategia basada en la “guerra contra el terrorismo internacional”. El anuncio de celebración de aquel ejercicio se difundió públicamente pocas semanas antes de su ejecución, pero hoy sabemos que la OTAN comunicó la fecha a nivel interno al menos desde noviembre de 2003. Así lo han manifestado agentes que participaron en él. Creemos que el ejercicio oficial (la simulación de la situación generada por un virtual atentado que provocaba 200 muertos en Europa) pudo facilitar la cobertura necesaria para el ejercicio clandestino (el atentado real en Madrid). En documentos anteriores hemos intentado resolver las contradicciones aparentes que podría generar esta versión (sobre todo en relación a la gestión de la crisis por parte del PP y a los resultados de las elecciones del 14-M).
Pero ahora lo que deseamos resaltar es algo que ha sucedido desde el 11-M y el 7-J de Londres: el encubrimiento de lo ocurrido y la intensificación de medidas de control y represivas contra la población sugieren que los autores del operativo se salieron con la suya. Un ejemplo más de ello es el reciente anuncio de que el Ministerio del Interior español podrá movilizar al ejército ante el riesgo de “amenaza terrorista”, un concepto usado de forma tan elástica que sirve para justificar cualquier medida. De todos es sabido que en otros Estados se han ido tomando medidas similares. Tampoco debemos olvidar que la labor de las instituciones españolas en este caso –y en el apoyo a las ocupaciones de diferentes pueblos- ha sido tomada muy en consideración e incluso ha permitido que un militar español aspire por primera vez a dirigir el brazo militar de la OTAN.
EL PAPEL DE LOS MEDIOS
Hemos comenzado este texto con una cita de Eduardo Galeano. El escritor uruguayo también dijo alguna vez que la industria del consuelo vive del mercado de la angustia, la industria de la seguridad vive del mercado del miedo y la industria de la mentira vive del mercado de la estupidez. Nosotr@s pensamos que quien se haya enfrentado a este caso con un mínimo de honestidad y sin lastres de ningún tipo sale rápidamente de la influencia del último de los mercados, aunque la angustia y el miedo puedan acrecentársele por ello. No queremos con esto exculpar a nadie, pero ciertamente el engaño masivo no habría podido sostenerse si no se hubiera dado la participación activa en unos casos, y la desidia en otros, de la mayor parte de agencias y empresas del mundo de la comunicación. Los medios han sido claves para el enterramiento de la verdad, y su rol intoxicador se ha acentuado durante y después de la celebración del juicio. Cadenas de televisión, emisoras de radio, prensa escrita y digital… prácticamente todos los medios convencionales han colaborado de forma activa o pasiva en provocar la situación a la que hemos llegado. No podemos hacer grandes distinciones entre los medios próximos a cada una de las estructuras políticas del sistema bipartidista. En esta cuestión “Público” no está siendo menos intoxicador que “ABC”, y “El Mundo” no menos que “El País”.
En todo caso, salta a la vista que el grupo PRISA, que hasta ahora ha sido la punta de lanza mediática del partido que detenta la titularidad del gobierno, ha sido uno de los más disciplinados valedores de la teoría conspirativa islamista que debía conducir a la “sentencia” emitida en octubre. Que nadie albergue dudas: lo han hecho sin escrúpulos y con plena conciencia. Durante los últimos meses, y ante el cariz que estaba tomando el juicio principalmente por la actitud de los procesados y por el excelente trabajo realizado por abogados de oficio, este grupo de medios se ha visto obligado a intensificar su rol intoxicador.Un ejemplo de ello es la acumulación de noticias relacionadas con el “terrorismo islamista” en las semanas previas a la publicación de la sentencia. La víspera de la lectura del fallo, la Cadena SER quiso preparar a sus oyentes para la sentencia afirmando en su informativo de las 20:00 que según informes de los servicios de información “la mayor parte de las mezquitas de España son centros de formación de terroristas”. Pero la intoxicación y las calumnias no cesaron tras la publicación de lo que llaman “verdad judicial”. De hecho, tres días más tarde, esa misma cadena tuvo que salir al paso de las controversias causadas por una sentencia que eludía explicar el motivo de los atentados y su planificación. Así, dijeron que “el Tribunal no tiene por qué contestar a preguntas que no se le han planteado”. Pero acto seguido señalaron que “los jueces (…) sí justifican el por qué ocurrió. Dicen que el atentado obedece a la estrategia de la Yihad internacional que pretende derrocar los regímenes democráticos y sustituirlos por un Estado islámico. Y ese es el mensaje que lanza Al Qaeda en todos sus comunicados a partir de la invasión de Iraq, y en concreto su líder Bin Laden cuando habla entre otras cosas de recuperar Al Andalus para los musulmanes”.
Cualquier persona que haya seguido el juicio deberá hacer desgarradores esfuerzos para imaginar a cualquiera de los procesados en relación con Bin Laden, las estrategias de la “Yihad internacional” (sea esto lo que sea) y la imposición de “Estados islámicos”. Es curioso que los “jueces” y estos medios coincidan también en este punto. ¿No se había quedado en que la causa era responder a la invasión de Iraq? ¡Ahora resulta que con el 11-M se quería “recuperar” Al Andalus e implantar un Estado islámico en la península! Pero lo que queremos destacar aquí es otro significativo hecho: algunos medios se han visto en la tesitura de intentar poner parches a un texto, el de la sentencia, que en principio no debería precisar apuntalamiento alguno. Lo que ocurre es que estamos ante un frágil castillo de naipes que no podrá ser derribado mientras esté protegido por una gruesa cápsula de impunidad.
Parece que pocos han reparado en otra significativa y flagrante contradicción en la que han caído estos medios. Aunque nos dijeron más de una vez que era normal que quedasen “flecos sueltos” (sic) y que en realidad aún restan por celebrarse varios juicios más en relación con el 11-M (lo cual es absolutamente cierto), la reacción ante esta primera “sentencia” ha sido la de titular –como ha hecho El País-: “11-M, caso cerrado”. Repetimos que el caso del 11-M no está cerrado ni siquiera en su vertiente judicial –sin olvidar los recursos que sin duda las defensas de los condenados presentarán contra esta “sentencia”-, pero parece que algunos no querían limitarse a una información peligrosamente aséptica y su sobreactuación les ha llevado a gritar “caso cerrado” aún a costa de hacer el ridículo. Estas y otras expresiones refuerzan otra vez nuestra apreciación de que la manipulación de este caso buscaba un abrupto y falso final, sin posibilidad de dar marcha atrás.
Finalmente, no podemos pasar por alto la actitud de la prensa ante la huelga de hambre iniciada por buena parte de las personas condenadas. Casi todos los medios han intentado silenciar esta medida de protesta, y cuando les ha resultado ineludible referirse a ella lo han hecho ocultando sus razones y transmitiendo las nuevas mentiras de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias: estos presos no iniciaron la huelga por considerar “desproporcionadas” sus condenas, como ha dicho con desfachatez la DGIP, sino porque siguen declarando su completa inocencia y no ven otro recurso para defenderse. A nadie puede extrañar que una DGIP bien entrenada hasta hoy en la violación de los derechos de presos sociales y políticos aplaste también los de unos personas condenadas por conveniencia y empujadas en algún caso a la huelga de hambre o al suicidio.
LA LUCHA NO PUEDE DETENERSE
Tenemos la seguridad de que condenar a 21 inocentes no ha perturbado el sueño a esos instrumentos del Estado que sin ningún rubor dicen aplicar justicia, ni a los policías que fabricaron “pruebas” a destajo. Esta vergonzosa “sentencia” tampoco agitará el ánimo de las decenas de intoxicadores que sin ningún escrúpulo han usado prensa escrita, radio y televisión para ocultar la autoría de la masacre y destruir la vida de personas que no tuvieron nada que ver con ella. Podríamos citar uno por uno, con sus nombres y apellidos, a todos esos individuos que de una forma u otra han sido colaboradores necesarios en esta nauseabunda infamia. La lista sería muy larga, y todos ellos confían en que sus actos, verdaderos delitos de prevaricación, calumnias, injurias y falso testimonio (entre otros muchos), nunca serán juzgados. Pero el hedor emanado por su actuación y por el funcionamiento criminal de unas instituciones corruptas no desaparecerá fácilmente.
Como sabemos, nada de esto es nuevo. El Estado precisa de vez en cuando sacrificar la vida y la libertad de algunas personas para perpetuarse. Tenemos múltiples ejemplos de ello tanto en el pasado como en la actualidad. Si diferentes gobiernos han ejecutado impunemente decenas de crímenes de forma directa o usando seudónimos como BVE, Triple A o GAL, creerán con razón que no ha de resultar menos arduo encubrir las matanzas de los aliados (con los que comparten objetivos estratégicos), aunque los crímenes se produzcan en su propio territorio y afecten a sus “súbditos” (mujeres y hombres que en su inmensa mayoría pertenecían a la clase trabajadora). Al igual que en ocasiones anteriores, no han encontrado obstáculos insuperables, entre otras cosas porque un sector mayoritario de la opinión pública sigue ajeno a la realidad y ciego ante las maniobras de las estructuras más poderosas del mundo, de las organizaciones político-militares a las que pertenece el Estado español, de los representantes políticos en general y de buena parte de los medios. Tampoco podemos ignorar el respeto irracional que aún despiertan en muchas personas las instituciones públicas, los delincuentes con uniforme o toga y el uso del lenguaje jurídico como camuflaje. Especialmente ignominiosa es la actitud de aquellos partidos que participan en las instituciones y se presentan como de “izquierda”. Desde el primer momento han querido mirar para otro lado. La política del avestruz pudo deberse en parte a una inexplicable ignorancia, pero pensamos más bien que creían que remover este asunto podía perjudicar sus mezquinos intereses y desestabilizar el Estado que les daba sustento. No ha sido esta la actitud de personas, colectivos y organizaciones revolucionarias que no han caído en esta formidable trampa y han difundido un mensaje alternativo contra viento y marea.
Nos consta, porque lo hemos vivido, que difundir esta visión supone recibir no pocos apoyos, pero también insultos y amenazas. Pero era una tarea insoslayable. Por lo que a nosotr@s respecta, nuestros quehaceres habituales eran y son otros y jamás llegamos a imaginar que durante un tiempo nos involucraríamos en un asunto de estas dimensiones. Esta era también una batalla contra el olvido como mecanismo de reproducción ideológica que asegura la continuidad del sistema. Ahora podemos decir que pase lo que pase merece la pena y es necesario seguir en este y en otros frentes, pero consideramos que a partir de ahora el trabajo requiere nuevas formas y estrategias. Las personas que hemos formado parte de este colectivo reiteramos que el 11-M y todo lo que le ha rodeado no son sucesos aislados que puedan analizarse de forma autónoma. Se inscriben en un modelo político y económico de organizar la sociedad que mientras persista producirá y permitirá que se produzcan todo tipo de injusticias, sufrimiento y crímenes a lo largo y ancho del planeta.
No podemos dar por supuesto que unos seres humanos sigan sometiendo a otros muchos. No es un hecho natural y es nuestro deber rebelarnos. La clase trabajadora y los sectores populares en general tienen que percatarse de que lo único que ha quedado demostrado con el falso desenlace de esta cruel mascarada es que la resistencia y la lucha colectiva contra la gigantesca maquinaria del capitalismo y del imperialismo no pueden llevarse a cabo solamente con palabras de denuncia. Este caso paradigmático permanece y probablemente permanecerá abierto durante mucho tiempo, pero ahora finaliza una fase y comienza otra: nosotr@s actuaremos en consecuencia.
Por último, no podemos terminar este comunicado sin recordar a Carlos, joven compañero antifascista vilmente asesinado por luchar contra el racismo y defender a la clase trabajadora. La mano negra del fascismo ha vuelto a golpear en Madrid y ante ello no cabe otra respuesta que fortalecer el trabajo, la organización y la unidad contra el enemigo común. Además de mostrar nuestra más sentida solidaridad a la familia y amig@s de Carlos y a todo el movimiento antifascista, llamamos a participar en las diferentes movilizaciones convocadas en protesta por este nuevo crimen, porque como bien se ha dicho el mejor homenaje es continuar la lucha.
Por Colectivo Dek Unu
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